El Consejo de Ministros aprueba modificaciones a la ley de ciudadanía “ius sanguinis”
El Consejo de Ministros adoptó el pasado 28 de marzo el “paquete ciudadanía”, un conjunto de medidas legislativas propuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para reformar la normativa en materia de ciudadanía. El objetivo de las medidas adoptadas es fortalecer el vínculo efectivo entre Italia y el ciudadano en el extranjero. El Ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aclaró que “el principio del ius sanguinis no desaparecerá y muchos descendientes de emigrantes aún podrán obtener la ciudadanía italiana, pero se establecerán límites precisos, especialmente para evitar abusos o fenómenos de ‘comercialización’ de pasaportes italianos. La ciudadanía debe ser algo serio”.
De hecho, en los últimos años, los países con mayor emigración italiana han experimentado un fuerte incremento en los reconocimientos de ciudadanía. Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero pasaron de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40 % en 10 años. Los procedimientos judiciales pendientes para el reconocimiento de la ciudadanía superan los 60.000.
Por ejemplo, Argentina pasó de unos 20.000 reconocimientos en 2023 a 30.000 al año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado. Venezuela registró casi 8.000 reconocimientos en 2023. Los descendientes de italianos en el mundo que podrían solicitar el reconocimiento de la ciudadanía con la ley vigente son potencialmente entre 60 y 80 millones.
La reforma liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, permitiendo que estos puedan dedicarse exclusivamente a quienes tengan una necesidad real, en virtud de su vínculo concreto con Italia. El sistema actual afecta negativamente la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, que están bajo presión debido a quienes acuden a Italia solo para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, lo que también alimenta fraudes o prácticas indebidas.
Para lograr este objetivo, se procederá en dos fases: algunas normas entrarán en vigor de inmediato mediante decreto-ley y, posteriormente, se procederá a una reforma integral de los requisitos sustanciales y los procedimientos en materia de ciudadanía.
El decreto-ley aprobado (el texto está disponible en el siguiente enlace: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/28/25G00049/sg) establece que los descendientes de italianos nacidos en el extranjero serán automáticamente ciudadanos solo por dos generaciones: solo quienes tengan al menos un padre o un abuelo nacido en Italia serán ciudadanos desde el nacimiento.
En la segunda fase, con un primer proyecto de ley (también aprobado el 28 de marzo), se introducirán modificaciones sustanciales más profundas a la ley de ciudadanía. Se exigirá, en primer lugar, que los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero mantengan vínculos reales con nuestro país a lo largo del tiempo, ejerciendo los derechos y deberes del ciudadano al menos una vez cada veinticinco años.
La reforma se completa con un segundo proyecto de ley que también revisa los procedimientos para el reconocimiento de la ciudadanía. Los residentes en el extranjero ya no acudirán a los consulados, sino a una oficina especial centralizada en la Farnesina. Habrá un período de transición de aproximadamente un año para la organización de esta oficina. La intención es hacer más eficientes los procedimientos, logrando evidentes economías de escala. Los consulados deberán centrarse en la prestación de servicios a quienes ya son ciudadanos y no en “crear” nuevos ciudadanos.
El decreto también incluye otras medidas para mejorar y modernizar la prestación de servicios: legalizaciones, registro civil, pasaportes, documentos de identidad válidos para viajar al extranjero. Además, se prevén medidas organizativas para poner la estructura de la Farnesina cada vez más al servicio de los ciudadanos y las empresas.
